31.08.2011
La Cámara de Diputados de Colombia dio el primer paso para aprobar una ley que castiga con penas de hasta 15 años de prisión a los grupos que “promuevan o difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio”.
De esta manera, los denominados grupos neonazis pasarán a la clandestinidad en territorio colombiano.
La medida forma parte de la Ley Antidiscriminación que penaliza las conductas discriminatorias por razones de raza, credo, sexo o religión, y castiga severamente conductas como las acciones antisemitas.
La ley fue impulsada por la bancada del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), que contempla sanciones penales y económicas. “No racismo, no discriminación, no hostigamiento y no segregación en nuestro territorio”, expresó el senador Carlos Alberto Baena, presidente del Mira.
El proyecto aprobado modifica el 134A del Código Penal, que quedó así: “El que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
De acuerdo a lo explicado por la prensa colombiana, la iniciativa tuvo como modificación el castigo a los grupos neonazis que operan en Colombia, que pasarían a convertirse en organizaciones ilegales y sus miembros podrían ser condenados hasta con 15 años de cárcel si promueven ideas sobre el genocidio de judíos o de otros grupos sociales.
El delito fue denominado ‘apología del genocidio’ y prevé penas de prisión de entre ocho y 15 años, con importantes multas económicas.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, justificó la medida dado que “recientemente se crearon en Colombia organizaciones neonazis que justifican el genocidio y la persecución racial y justifican crímenes raciales como el hHolocausto judío en la Segunda Guerra Mundial”.
El artículo quedó redactado de la siguiente manera: “el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 90 meses a 180 meses».
La incorporación de este artículo obligó a que la propuesta sea girada al Senado antes de recibir la aprobación del Ejecutivo. No obstante, todo hace presumir que la norma se convertirá en ley.
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